El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la ley electoral para establecer mecanismos que permitan evaluar si los aspirantes a cargos públicos tienen posibles vínculos con la delincuencia organizada, medidas que aplicarían a partir de las elecciones de 2027.
La propuesta, presentada por la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, plantea la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, un órgano que dependería directamente del Instituto Nacional Electoral (INE) y que estaría integrada por cinco consejeros electorales, elegidos por el Consejo General para ocupar el cargo por un periodo de tres años.
El mecanismo propuesto este jueves también establece que la participación de los partidos políticos para entregar sus listas de aspirantes sería voluntaria. Sin embargo, tendrían como requisito obligatorio que todas las personas que busquen una candidatura firmen una carta de conformidad aceptando ser evaluadas por la comisión, independientemente de si su partido decide o no solicitar la revisión.
La iniciativa, señaló Alcalde, subraya que todo este proceso de verificación se llevaría a cabo bajo condiciones de confidencialidad y la información tendría carácter reservado para proteger el debido proceso legal. Asimismo, determina que si las autoridades encuentran información relevante durante sus evaluaciones, continuarían con las investigaciones que correspondan de acuerdo con sus atribuciones.
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